Una de las prioridades del Gobierno Federal , Gobiernos de los Estados y Municipios, así como las Secretarías de Estado es proteger los recursos financieros a través de tácticas que puedan salvaguardar los bienes de las instituciones.
En virtud de lo anterior, las Leyes Orgánicas Estatales tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo manifiestan la necesidad de proteger el patrimonio de las instituciones por hechos derivados del delito de peculado que pudieran cometer los servidores públicos que laboran en las instalaciones de los diferentes sectores del gobierno.
Una de las herramientas que se han venido utilizando en los diferentes Estados de la República ha sido la Fianza de Fidelidad que cubre a los servidores públicos que manejan fondos y recursos en el desempeño de sus funciones.
Las ventajas de contar con este tipo de fianza es que actúa como prevención ya que los funcionarios públicos se saben afianzados.
La existencia de la Fianza de Fidelidad en el Sector Público acentúa la transparencia en las administraciones.
Cobertura
La Fianza de Fidelidad, es un contrato mercantil accesorio cuyo objetivo primordial es el de garantizar a la Entidad Beneficiaria la reparación del daño patrimonial por hechos ilícitos que ocasionen los servidores públicos cauciones y cuya responsabilidad penal esté jurídicamente comprobada.
La Compañía Afianzadora garantiza mediante póliza de fianza, el pago de la reparación del daño patrimonial que llegase a causar uno o más servidores públicos (fiados) al beneficiario, hasta por el monto contratado, dicho daño será el que cause durante la vigencia de la póliza en contra de la Hacienda Pública.
